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Bosque Chiquitano, Bolivia
La corporación Enron, el ex-presidente de Bolivia Gonzalo Sanchez de Lozada y el Banco Mundial están involucrados en un proyecto de la mineria de oro en Bolivia que amenaza al bienestar de las comunidades indigenas y uno de los areas ecológicos más valorosos del mundo.
La mina Don Mario fue reactivada en 2003 con el apoyo de un vinculo al controvertido gasoducto Cuiabá, lo cual pasa por el Bosque Chiquitano, el tracto de bosque tropical seco más grande del mundo. La empresa al que pertenece la mina, COMSUR, fue fundada por Sanchez de Lozada en un momento en el que el pais estaba implementando rapidamente un programa de privitización y liberalización. Sin embargo, la red de auto-intereses que dió vida nuevamente a Don Mario no termina a las fronteras de Bolivia.
 En 2000 Enron conseguió un prestamo para contruir el gasoducto Cuiabá de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC por sus siglas en inglés), una agencia del gobierno estadounidense que financia proyectos del sector privado en paises extranjeros. Al mismo tiempo, alugnos pueblos indigenas señalaron de que el gasoducto pasó a distancia de solamente 5 kilometros de la mina Don Mario. Señalaron tambien de que esto podría contribur a que se abre nuevamente la mina. Los pueblos indigenas temían de que, al abrir la mina de nuevo, se podria contribuir a la contaminación de las aguas del superficie y subterraneas por el proceso de lixivación con cianuro que la mina utilizaría para extraer el oro.
Durante la contrución de la mina, Enron le aseguró a miembros de la comunidad de que no construirá válvulas para facilitar un vinculo entre la mina y el gasoducto. Sin embargo fueron construidos tales válvulas en violación del acuerdo entre la empresa y OPIC. El gobierno boliviano tambien aprobó la licencia de operación de la mina Don Mario en 1999 sin consultar a las organizaciones indigenas, como la Coordinadora de los Pueblos Etnicos de Santa Cruz (CPESC) o la Organización Indigena del Chiquitano (OICH).
La mina empezó su producción comercial el 10 de julio de 2003. Dos semanas después, el CPESC presentó una queja a la Corporación Internacional de Financiamiento (IFC, por sus siglas en inglés), una rama del Banco Mundial. El IFC tiene 11 por ciento de las acciones de COMSUR. El IFC se negó a invertir en el controvertido proyecto Don Mario en 2001, pero en un informe del ombudsman el IFC (el CAO, por sus siglas en inglés) se responsibilizó al IFC. En el informe del CAO se reconoce como legítimas las acusaciones de violaciones de las leyes internacionales y bolivianas que mantienen los pueblos indígenas. Tambien se sugiere que se mejoren las capacidades de COMSUR en los ambitos de desarrollo social y relaciones comunitarias y se propone una auditoria independiente de las operaciones de COMSUR.
Los remedios propuestos podrian aparecerse bien, pero no hay que olivdar de que el IFC no está bajo niguna obligación de cumplir con las recomendaciones del CAO. Mientras tanto, las operaciones de la mina Don Mario siguen sin consultación adecuada con los pueblos indígenas del area.
Para mayor información:
CEADES: ceadescz@roble.entelnet.bo
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