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Pueblos Indígenas
Aproximadamente la mitad del oro explotado entre 1995 y que se explotará hasta el 2015 está en tierras indígenas. Muchos pueblos indígenas viven en áreas apartadas que, hasta hace poco, no eran accesibles a la industria minera. Los intereses comerciales muchas veces irrespetan los lazos culturales y espirituales que los pueblos indígenas establecen con sus tierras y con el medio ambiente. El relativo aislamiento deja sin protecciones legales o políticas a estos pueblos y en muchos países, por ejemplo, la ley no reconoce a los pueblos indígenas como propietarios de sus tierras tradicionales. En algunos casos, aunque los pueblos indígenas cuenten con títulos, sólo tienen propiedad sobre el suelo pero no sobre el subsuelo --que es donde están los minerales--, porque son los gobiernos los dueños, y como tales, ceden a las empresas el derecho al subsuelo, pasando por encima del derechos de propiedad sobre el suelo de los pueblos indígenas.
Ejemplos de algunos problemas mineros que enfrenten los pueblos indígenas son:
 En 1895, las tribus de Assiniboine y Gros Ventre de Montana fueron forzadas por el gobierno estadounidense a abandonar 16,200 hectáreas de Spirit Mountain (Montaña del Espíritu), un lugar sagrado. El gobierno pretendía abrir las tierras para la prospección de oro. Hoy, Spirit Mountain ha sido reemplazada por la mina de oro de tajo abierto Zortman-Landusky, que usa lixiviación en montones. Aunque la mina fue cerrada en 1998 --cuando su dueño, Pegasus Gold, se declaró en quiebra--sigue contaminando lo que queda del paisaje. Tanto las aguas de la superficie como las aguas subterráneas han sido contaminadas considerablemente. Los problemas en la calidad del agua y la mala limpieza de las tierras contaminadas han impulsado varias demandas judiciales en contra de los gobiernos federal y estatal. El primer juicio realizado en 1994 resultó en una compensación de 37 millones de dólares por violaciones al Acta de Aguas Limpias.
La empresa canadiense Orvana Mineral empezó sus operaciones en mayo de 2003, en la mina de oro y plata Don Mario, situada dentro de la selva chiquitana, en Bolivia, donde viven varias comunidades indígenas de los pueblos Chiquitano y Ayoreao. En junio del 2003, la Federación Indígena Regional presentó una denuncia junto con la Corporación Financiera Internacional (IFC) --sector del Banco Mundial que promueve inversiones del sector privado y un inversor parcial del proyecto-- afirmando violaciones a las políticas de protección social y medioambiental del Banco Mundial. Una investigación de la IFC está en marcha.
Los pueblos indígenas tienen el derecho de ser consultados. En el Convenio No. 169 Sobre Pueblos indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Mundial del Trabajo, firmado y  ratificado por 17 países, indica que los gobiernos tienen que hacer un proceso de consulta y exige que las comunidades indígenas participen en los beneficios de los proyectos. Siete países de América del Sur han ratificado el convenio y las comunidades indígenas en la región lo han usado en su favor.
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