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Violación de Derechos Humanos
 Todas las personas tienen el derecho a la autodeterminación y a expresarse sobre todos los asuntos que afectan a su comunidad, así como a obtener información sobre proyectos que puedan alterar sus vidas y su futuro.
Sobre esa base, comunidades en todo el mundo han empezado a demandar el respeto a su derecho a dar su consentimiento --a decir sí o no-- a operaciones en sus tierras que tengan algún efecto en sus vidas. Este tipo de consentimiento es posible cuando las comunidades tienen suficiente información, cierta e independiente, sobre los impactos potenciales de la actividad que se llevará a cabo. Las comunidades necesitan tiempo para analizar la información y para tomar una decisión, libremente y sin presiones.
Cuando las empresas, gobiernos e instituciones que financian proyectos de alto impacto en la vida de las comunidades, como los proyectos mineros, respetan el derecho de las comunidades a decidir sobre el tipo de desarrollo que consideran más apropiado para sus necesidades, pueden contribuir a la reducción de la pobreza, tal como lo indica un análisis independiente del Banco Mundial sobre las industrias extractivas (minería, gas y petróleo). El informe final de ese análisis recomendó al Banco Mundial que "asegure una participación comunitaria significativa en los proyectos" mediante "el consentimiento libre, previo e informado a las operaciones que puedan causar impactos en las comunidades."
 Las Tierras Indígenas
Muchas comunidades rurales y pueblos indígenas no tienen un titulo formal de propiedad de sus tierras, a pesar de haber ocupado ese territorio por generaciones. Cuando se otorga un contrato minero, estas poblaciones son vulnerables al desalojo. El desalojo puede ser efectuado sin anuncio previo y sin compensación adecuada u oferta de tierras equivalentes en otro lugar.
- La escala de los desplazamientos puede ser enorme: Entre 1990 y 1998, más de 30.000 personas fueron desplazadas por operaciones mineras en el distrito minero de Tarkwa, en Ghana.
- En la provincia indonesia de Kalimantan, una investigación gubernamental de la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó, en el 2001, que el ejército indonesio y el servicio de seguridad de una empresa desalojaron por la fuerza a pequeños mineros locales, quemando sus pueblos entre 1989 y 1992 para dar espacio a la mina de oro PT Kelian, empresa de origen australiano-británica. Los mineros locales nunca fueron compensados por su pérdida de fuente de sustento y las 440 familias que fueron desplazadas recibieron solamente una compensación mínima.
El desplazamiento forzado, los ataques físicos y la pérdida de fuentes de sustento asociadas a la expropiación de tierras, representan violaciones graves de los derechos humanos.
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